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Entrevista a Harmhel Dalla Torre, de La Cuculmeca (Nicaragua)

La movilización de la sociedad civil nicaragüense ha dado lugar a un nuevo marco jurídico de la gestión del agua en el país que contempla las necesidades de la población urbana y rural, ¿cómo ha sido este proceso y qué resultados habéis conseguido?

Después de que se aprueba la ley que suspende las concesiones para todo lo que respecta al recurso hídrico, se queda abierta dentro del Parlamento nicaragüense la elaboración de una Ley de Aguas nacional.

En este sentido hubo un primer esfuerzo de la sociedad civil, a través de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, por elaborar un Anteproyecto de Ley General de Agua para el país. Posteriormente, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio desde la parte del Gobierno, elaboró también una propuesta de Ley de Agua. El problema que se tuvo con estas dos propuestas es, en primer lugar, que la propuesta elaborada desde el Gobierno no tuvo ningún tipo de consenso con los principales actores que tienen que ver con el recurso hídrico y, en segundo, la propuesta de la Red de Defensa de los Consumidores, que si bien es cierto integraba muchos elementos sobre los cuales todos los actores locales coincidían, tenía un enfoque muy urbano.

Fue por eso que un grupo de organizaciones del Grupo de Promoción de Agricultura Ecológica y de otro tipo de instituciones que trabajan en el tema de medio ambiente e incidencia en políticas públicas, se dieron a la tarea de hacer un proceso de consulta más amplio en el país, abarcando en un primer momento 60 municipios de 153 que tiene el país, y extendiéndose después hacia 30 municipios más.

En este tipo de consultas, en las que también se involucró a las autoridades locales, hubo un rechazo a los dos tipos de Anteproyecto presentados. El de menos rechazo fue el de la RNDC, simplemente aportando que se tuviera una visión más rural del agua, y totalmente desechada quedó la propuesta del Gobierno, por dar apertura a la creación de un mercado del agua en Nicaragua.

Con los insumos generados por esa consulta y a petición de las autoridades municipales y de los actores, pequeños y medianos productores y otras instancias de la sociedad civil, se encargó a La Cuculmeca integrar todos esos aportes y elaborar un Anteproyecto que fuera alternativo, tanto a la propuesta de la red de consumidores como a la del Gobierno.

¿Qué contemplaba la propuesta de Anteproyecto de la colaición en la que se encontraba La Cuculmeca?

La propuestas contemplaba respetar lo que implica la autonomía municipal e integrar un enfoque más técnico sobre lo que implica gestionar el agua, que pasa por un manejo integrado de las cuencas hidrográficas y otros elementos técnicos sobre la gestión del recurso que no estaban en ninguno de los anteproyectos.

Otra de las partes sería la participación de la población. Se plantea que los gestores del agua fueran los mismos actores del campo, la gente que protege sus bosques, que contribuye a la filtración de agua y un usuario importante que hasta ahora no había sido tomado en cuenta: los miembros de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, que son los que están solucionando en gran parte las dificultades de acceso en las zonas rurales al recurso agua.

¿Cuál es el nivel de satisfacción de las comunidades rurales con la actual Ley después de este proceso y de su aprobación?

La ley se aprobó en dos legislaturas; un tercio de la ley fue aprobada con el gobierno anterior hasta el 2006, y el resto fue aprobado en noviembre del año pasado por el nuevo gobierno. Podemos decir que del total de propuestas presentadas por la coalición, alrededor de un 40 ó 45% fueron retomadas en la ley.

Pero, aún cuando en la ley han sido retomadas muchas de las propuestas, que es más de lo que nosotros esperábamos, hay contradicciones para su aplicación en función de que como fue aprobada en dos legislaturas no se le dio una consecución clara al articulado.

También ahora en septiembre está previsto que esté creada la Autoridad Nacional del Agua, que va a ser la instancia que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Sucede que no hay recursos dentro del Gobierno para crear esta instancia y mucho menos voluntad política. Así que consideramos que por lo menos en lo que resta de año no va a haber una aplicación de la Ley de Agua, dejando al país en una situación mucho peor que como estaba antes porque muchas de las atribuciones que va a tener la Autoridad Nacional del Agua antes le competían al Ministerio del Ambiente. Todo esto va a dificultar un poco más la gestión del recurso hídrico.

¿No hay planteado ninguna solución ante esta inoperatividad de la ley?

Están planteadas algunas soluciones y aspectos prácticos a implementar que pudieran ser retomados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y por el Ministerio Agropecuario y Forestal.

Un ejemplo claro es la integración de todos los actores locales en organismos de cuenca. Pero la visión de cuenca está sobre las 21 cuencas hidrográficas del país, que son bastante grandes, y no se tiene una lógica de comenzar a trabajar con los comités de microcuencas y que se incluya tanto a la gente que produce el agua como a la que la consumen o aprovechan, en este caso pequeños y medianos productores, comités de agua y otros actores que tienen que ver con el recurso.

Esto serviría para irle dando un poquito de andamiaje a toda la estructura que está dentro de la ley. Es una dificultad que atraviesan estos ministerios, que ni siquiera saben cuáles son sus responsabilidades y sus funciones con respecto a la ley. Lo que está sucediendo es que muchas de nuestras organizaciones estamos asumiendo ahora ese proceso de organización para que cuando haya una voluntad política de implementar la ley haya muchos más avances.

El tema central de la conferencia que ha ofrecido en la Expo tenía que ver con la tendencia a privatizar la gestión del recurso hídrico en el país, ¿en qué medida se va a revertir este proceso con la nueva ley?

Prácticamente la ley viene a delimitar un poco todo lo que se puede concesionar, pero ya con una base de la jerarquía de lo que son los usos del agua. Antes se estaba concesionando el recurso sin pensar que pudiera ser un uso primordial el acceso humano ante todos los demás. Lo que establece la ley es alrededor de unos 13 usos y pensamos que esto puede contribuir a priorizar el acceso humano por encima de otros tipos de utilizaciones del agua.

Si bien es cierto que se va a abrir un ámbito concesional, la ley aporta muchas regulaciones que antes no tenían las empresas que actualmente están manejando los recursos naturales, y específicamente el agua, de manera irracional.

Nicaragua ha sido el primer país de Centro América en contar con una Ley de Agua en este nuevo siglo, ¿qué cree que puede aprender de ella el resto de países de la región?

Como Cuculmeca, algo que nos satisface es que nosotros jamás estuvimos en contra de que se aprobara la ley, porque muchos sectores han visto que proponer es oponerse.

Nosotros siempre, desde el inicio que se formó la Alianza por la No Provatización del Agua, y ahora que está constituida la Coalición de Organizaciones por el Derecho de Acceso al Agua, hemos estado en función de que se apruebe la ley pero de que se agreguen elementos técnicos y operativos que contribuyan a una mejor gestión del agua.

El resto de países pueden aprender que hay que estar preparados en función de hacer protestas pero con propuestas. Muchas veces nos llaman a las negociaciones y no estamos preparados para hacer una propuesta concreta.

Otro aprendizaje es que poco a poco, aún cuando la coalición la forman pocas organizaciones de tantas que hay en Nicaragua, se ha logrado articular las experiencias desde diversos enfoques y no nos hemos dado a constituir un grupo especialista en un solo ramo, sino que hay una diversidad de especialidades que han contribuido a los procesos de sensibilización, de comunicación, de inocencia, etc. pero también a articular elementos técnicos que tienen que ver con hidrología, la legalidad y el marco jurídico. Estos aspectos son los que tendrían que retomarse de cara a otros procesos de nivel centroamericano.

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